Deuda social y deuda democrática: Argentina, treinta años después
¿Podemos celebrar la democracia como si se tratara de un hecho consumado? ¿Acaso ésta se resume en el acto de participación electoral? Roberto Pucci analiza la deuda democrática y social que los saqueos dejaron en evidencia, y los límites del Estado clientelar en el que vivimos actualmente.
En estos tristes tiempos en que el país parece oscilar nuevamente al borde del abismo, los observadores más lúcidos advirtieron, contra la ceguera de los gobernantes, que el caos y la violencia manifiesta (y latente) que lo atraviesan se originan en la deuda social que tiene con el pueblo nuestra democracia aparentemente consolidada; lo que es evidente para cualquiera dispuesto a ver con los ojos bien abiertos. Este razonamiento ignora, sin embargo, la existencia de una deuda tan grave como aquella otra: la deuda democrática del país consigo mismo. Postularé aquí la tesis de que ambas deudas se encuentran íntimamente asociadas y que, treinta años después de 1983, no cabe que el país “celebre” la democracia como si fuese un hecho consumado. Por el contrario, su clase política y dirigente y la ciudadanía toda deben dedicarse a establecer su vigencia real, eliminando las numerosas falencias que la afectan y la convierten en una democracia a medias, o una democracia de baja intensidad, como la llamaron algunos expertos: una democracia renga, en fin, porque apenas se apoya en un pie, el de los actos electorales.
Nos gusta tu democracia.
El rostro de la descomposición
Las conmociones de este mes de diciembre revelaron la honda fragmentación y las enormes desigualdades que afectan a nuestra sociedad, con un 26.9% de pobres, 5.8% de indigentes y un 45% de empleados en negro, según estimación de una de las fuentes más confiables (Barómetro de la Deuda Social Argentina). Once millones de argentinos cuyo único anclaje de “inclusión” es la política asistencialista iniciada tímidamente luego de 1983, extendida por el peronismo de Menem y amplificada desbocadamente durante la gestión actual. Los saqueos revelaron el rostro feroz de una sociedad en descomposición, con la explosión de una especie de jacquerie urbana, en la que los pobres asaltan no sólo a los “ricos” sino a otros pobres, y con una buena parte de la ciudadanía que pareció dispuesta a enfrascarse en esa lucha de todos contra todos. Una guerra social, no civil, porque una guerra civil se caracteriza por las divisas políticas de los bandos en pugna. Una guerra con vecinos armándose para repeler, y eventualmente matar, a otros vecinos, a los “indeseables”, y esto en un país donde circulan cuatro millones y medio de armas en manos particulares, gran parte de forma ilegal.
Lo notable, sin embargo, es que este estado de descomposición social no brotó de la nada, no fue hijo de la ley de la selva, sino el fruto directo de la descomposición de nuestro sistema político. El historiador Jorge Ossona realizó la mejor descripción de esas jornadas de saqueo muy poco espontáneas, que pusieron en funcionamiento un mecanismo empleado ya por muchos políticos, casi rutinariamente, en las llamadas “ocupaciones territoriales”. El vandalismo se desata por una serie de órdenes que siguen una estricta cadena de mandos, desde el operador político al referente barrial y a los jefes de agrupaciones vecinales, quienes hacen circular el “rumor” y luego las consignas por mensajes de texto, organizando a los “porongas”, seguidos después por las bandas de adolescentes y de motochorros, y al fin por el aluvión del vecindario, los jefes de familia, las mujeres, las madres y los niños. En un país donde los saqueos parecen haberse convertido en una rutina primero decenal y, desde hace poco, anual, el comerciante sabe que el saqueador es también su cliente de hoy y de mañana.
El Estado clientelar
En suma, estamos ante formas de acción social que no resultan ajenas al Estado, ni tampoco ante un Estado “ausente”: sólo que ante uno de nuevo tipo. El Estado Clientelar –sigo aquí también a Ossona-, un gigantesco aparato de reproducción, administración y expoliación de la pobreza, cuyas estribaciones hacia abajo se conectan con ese “submundo” (que cada vez lo es menos) cuya representación característica es la señora (hoy diputada) Milagro Sala, de San Salvador de Jujuy. Un Estado construido y consolidado por el partido dominante en el último cuarto de siglo, que se desentiende de trazar políticas y soluciones de fondo para los graves problemas de un país reprimarizado y sojero, y cuyo resorte de poder consiste en apoderarse de la caja de los recursos públicos, repartiendo o negando los fondos que pertenecen a la sociedad de manera discrecional. Un sistema corrupto que se apoya en la división entre amos y “clientes”: aquellos gobernadores, intendentes, parlamentarios y otros políticos menores que participan del reparto de la torta asistencial, y de la cual el mundo de la pobreza participa marginalmente, a cambio de desempeñarse como rehenes en las rondas de consagración electoral.
La ley y el orden.
¿Puede agotarse en esto un régimen democrático? ¿Merece el nombre de tal? Creo sin duda que no, y que otra Argentina es posible y necesaria, si aspira a un futuro como país. La misma rebelión policial reciente, por cuestionable que sea, tuvo su origen en las deficiencias de nuestra democracia. Porque las fuerzas de seguridad de un sistema democrático deben ser ellas mismas democráticas, conformadas por ciudadanos que, en el ejercicio de su labor, respeten y hagan respetar los derechos de todos. Sin embargo, como en la Atenas de la antigüedad, cuyos cuerpos de policía se integraban con esclavos escitas, el gobierno, ignorando los proyectos de la oposición que proponen legalizar la agremiación de policías y militares, les niega ese derecho a la negociación civilizada de sus condiciones de trabajo y descanso, de sus salarios y de su formación profesional y cívica. Y al tratarlos como ilotas o kelpers de la democracia, les dejó como único camino la rebelión salvaje que desató el caos.
Una democracia no se resume en el acto de elegir a quienes gobiernan, ya que éste no es más que su primer paso, apenas una de las fuentes de su legitimidad. Como señala Giovanni Sartori (¿Qué es la democracia?), el sistema democrático es, ante todo, una cuestión de cómo se ejerce el poder. Porque en toda democracia representativa, que es la única posible en el mundo de naciones de hoy, el pueblo elige, pero en ese mismo acto transfiere su poder a los gobernantes, sus representantes, y por lo tanto debe luego contar con la capacidad de vigilarlos y de controlarlos. Las constituciones están precisamente para eso, para establecer los mecanismos de control (división de poderes, independencia del poder judicial, obligación de los mandatarios de rendir cuentas de su accionar y de su desempeño personal, libertad de la prensa y de los medios de comunicación, etc.). Tales son los recursos de que dispone el “pueblo” elector para impedir que un gobierno democráticamente electo transforme su mandato en un ejercicio autocrático del poder.
Nuestra constitución establece esos medios, pero en nuestro país no son respetados. No me sumaré al conjunto de quienes dicen que la responsabilidad es de todos, de toda la sociedad. Creo que hay un principal responsable, y es el partido que cuenta con la adhesión mayoritaria: un partido que nunca respetó la disidencia, ni toleró la crítica, ni aceptó genuinamente la democracia liberal y parlamentaria. Que no entiende que la democracia no se agota en el voto, y que ser mayoritario no significa ser la mayoría de la sociedad, sino apenas haber obtenido, en una circunstancia electoral, una mayoría relativa de votos. Con el mandato de gobernar para todos, y también, en parte, con todos. Una democracia moderna, estable, perfeccionada, es un régimen que se legitima por su origen, pero además por su ejercicio cotidiano. Y eso significa idear políticas, soluciones, planes y proyectos en conjunto con la sociedad real, las instituciones intermedias, los gremios, las asociaciones civiles, los representantes de trabajadores y de empresarios, los agricultores, los educadores, y un largo etcétera. Gobernar democráticamente significa, sin duda, esforzarse por cumplir con el programa prometido a los electores; pero significa también aprender a corregirse, aprender no sólo a actuar, sino también a oír, a escuchar las demandas de la sociedad, que nunca quedan congeladas en un determinado acto eleccionario, porque están siempre fluyendo, en movimiento. La democracia, en suma, es el mejor sistema político no porque sea perfecto, una característica inexistente en la vida real, sino porque debe ser siempre perfectible. La democracia es, más que el derecho a “acertar”, el derecho a errar con la conciencia de que las instituciones democráticas nos dan la posibilidad de corregir los errores.
Libro de quejas disponible.
La deuda democrática
Para terminar, retorno a la cuestión de las deudas, la social y la democrática. Desde Benjamin Constant, A. de Tocqueville y John Stuart Mill a Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, la teoría política ha debatido si puede establecerse alguna correlación entre democracia e igualdad, lo que en nuestra historia reciente se enunció como afirmación o negación de que con la democracia se come, se cura y se educa. El interrogante es: ¿la democracia se conquista sólo luego de haber llegado a cierta prosperidad, a una sociedad más justa y equilibrada, o ese grado de justicia social es el fruto de la democracia? Quizá se trate de un círculo imposible de cuadrar, pero está el hecho innegable de que en la historia contemporánea impera la siguiente ecuación sociológica: los países más democráticos son también los países con mayor justicia social e individual (al interior de esas sociedades, por supuesto). Pero, ¿acaso podría ser de otro modo? En una sociedad plenamente democrática, en la que el ciudadano no es un mero actor electoral sino un agente con cierta capacidad de intervención y de control sobre la gestión continuada de la res publica, su interés será la afirmación del derecho a la libertad, pero al mismo tiempo de los derechos primarios a la vida, el trabajo, la equidad, la existencia digna. Habrá ocasiones en que la democracia fracase en lograr todos esos fines reunidos, sin duda; pero sus competidores, las sociedades no democráticas, autoritarias o totalitarias, resultaron siempre infalibles para negar todos los derechos (civiles, políticos y sociales), y para imponer el reinado de la injusticia social e individual, cuando no del terror liso y llano.
Imágenes: Matías Salvatierra.
