No sé. Uno puede preguntarse por qué Milani ocupa la jefatura del Ejército en un gobierno que hizo del juzgamiento de los crímenes de la dictadura una de sus políticas principales. Se pueden pensar muchas cosas. Hay un tema en la historia argentina con los generales que se acercan a la política con un discurso “nacional”. Tienden a confundirse cosas que tienen que estar siempre claras. Según la constitución, el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. En cualquier democracia, es obvio, la institución armada responde a quiénes han sido elegidos por la voluntad popular. No es que Milani niegue expresamente que ésa es la función que debe cumplir. Pero al jurar como jefe del Ejército, habló de sus ansias de “acompañar el Proyecto Nacional que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos”. Pero, ¿qué pasaría si este gobierno -o el que venga- se aparta del “Proyecto Nacional”? Son muchas las expresiones dignas de análisis. Dice Milani al Ministro de Defensa: “Le quiero manifestar que es para el Ejército una verdadera satisfacción contar con su compromiso, su voluntad y su visión estratégica…”. Qué suerte, uno podría pensar. Pero en realidad Milani no tiene por qué analizar el mayor o menor compromiso del Ministro ni tampoco sentir ninguna satisfacción. Siempre se dice más verdad de la que se propone decir. Este discurso no está dicho desde la subordinación.
Aparecen generales así. Y resulta que hay un pasado. Y entonces también la justicia queda en el medio. Dije que no pueden ser similares los criterios con los que se decide una causa penal que aquellos que hay que aplicar al tratar los pliegos de un ascenso. Tampoco son iguales los criterios en un juicio penal común que cuando se juzgan delitos de terrorismo de Estado. El caso de Guillermo Vargas Aignasse puede servir de ejemplo. El ex senador fue secuestrado cuando supuestamente iba a ser puesto en libertad, y luego fue asesinado. La defensa de Antonio Bussi insistió en que nunca se pudo probar quiénes lo secuestraron. La Cámara Federal de Tucumán condenó igual a Bussi, como “autor mediato”, al haberse cumplido el secuestro en el marco de un plan general de represión. No hacía falta probar –se dijo- quiénes lo hicieron porque se había probado la existencia de un aparato de poder organizado desde el Estado, y fuera del derecho, en el que las órdenes se cumplían con independencia de las personas de los ejecutores, que eran siempre sustituibles. “Los hombres de atrás”, la totalidad de la cadena de mandos y los ejecutores directos, eran todos responsables.
También en las causas que comprometen a Milani había que esperar algo más que los criterios de una investigación común. Me tocó acompañar intervenciones del senador Gerardo Morales –junto a otros legisladores como José Cano, Silvia Elías de Pérez o Julio Martínez- y vi el ambiente en que trabajan los funcionarios judiciales. La causa no sólo incomoda: quema. El gobierno ha venido nombrando a abogados de Justicia Legítima y poniéndolos en las oficinas de la vuelta. Y generando controles. Justo llega alguien de Buenos Aires cuando hay una audiencia o alguien, unas horas antes, llama por teléfono. Muchas coincidencias para que justamente quede claro que no hay ninguna coincidencia. Los regímenes que se acercan al final, acaso con la ilusión de un milagro que les permita subsistir, comienzan a mostrar solamente lo peor. Ya ostensiblemente el gobierno persigue, enjuicia y busca destituir a fiscales que aventuran causas contra funcionarios. Y así entonces un fiscal encuentra que no hay evidencias cuando justamente tenía que reunir evidencias. O descubre su incompetencia pero no manda la causa al fiscal competente, sino al archivo. O sucede que se apartan dos fiscales y que el tercero pide la nulidad del requerimiento de instrucción sin haber impulsado nunca la investigación. Y pone en duda los testimonios de familiares y da por ciertas las afirmaciones del acusado. En ningún momento considera la forma en que operaba el terrorismo de Estado.
Algunos, mientras tanto, prefieren mantener la adhesión y el apoyo a un gobierno en el que reconocen los avances en el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos. Milani, pueden pensar, es nada frente a todo lo que se logró. Pero lo que se hizo se hizo bajo el principio de que no hay finalidad política alguna, por buena que sea, que justifique una renuncia a la justicia debida a las víctimas. Y Milani estaba ahí. Y pasaron esas cosas. Él dijo que solamente tenía veintiún años. Eso puede comenzar a ser una verdad, pero no lo justifica ni lo habilita a conducir el Ejército.
Y perdidos en los pueblitos andan los soldados de un proyecto en ruinas. Se escurrió el poder que era necesario. Milani trajo más problemas que soluciones. Los hombres de armas ahora se resignan a pintar o arreglar los baños de la escuela. Y patrullan. Está bien.
En fin, por ahora seguir haciendo mapas.
Imágenes: Carolina Gramajo.