Venezuela y la procrastinación democrática

¿Cuál es la gravedad de la situación venezolana? ¿Han sido capaces los estados que forman parte del Mercosur y la OEA de entenderla y de actuar en consonancia con los valores democráticos fundacionales de esos organismos? Ricardo Arredondo, profesor de derecho internacional público (UBA), repasa la historia reciente de la crisis en Venezuela y muestra una realidad no muy alentadora en las posiciones de los países del bloque latinoamericano.

El diccionario de la Real Academia Española define procrastinar (del lat. Procrastināre) como la acción de diferir o aplazar. Wikipedia, más didácticamente, se refiere al término como “la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse… Se trata de un trastorno del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción a realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad (estrés)”.

Cuando de la crisis de la República Bolivariana de Venezuela se trata, se podría pensar en ese verbo para describir la actitud que han adoptado los estados partes del Mercosur y de la OEA para hacer frente a una situación caracterizada por un gobierno autoritario, responsable de los aprietos económicos y del caos generalizado que vive su población y cuya combinación tóxica ha afectado el orden democrático, el estado de derecho y los derechos humanos en ese país.

La última noticia que tuvimos fue tan preocupante como las anteriores. Ya sabíamos de los obstáculos para que los ciudadanos participen en elecciones libres y confiables; de la progresiva supresión de facultades constitucionales del Congreso; de la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso al oficialismo; de la represión y restricciones indebidas al ejercicio de la protesta; de los despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso de manifestarse o expresar opinión política en contra del gobierno; y de las campañas de estigmatización, vigilancia y hostigamiento en perjuicio de defensores de derechos humanos y periodistas. Ahora se suma la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que deroga el ejercicio de competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y le pone fin a la inmunidad parlamentaria de la que gozan sus diputados, encargándole al Presidente Nicolás Maduro gobernar por decreto mediante un régimen de excepción y, de ser el caso, apelando a la Justicia militar. Esta decisión fue caracterizada por 24 ex presidentes latinoamericanos y el español José María Aznar como un “golpe de Estado”.

La masividad de las protestas en Venezuela y en otros sitios, completadas con ciertas acciones adoptadas en el seno del Mercosur y la OEA, obligaron al Tribunal a dar marcha atrás con esta medida, aunque no lo hizo completamente porque aún le da al Presidente Nicolás Maduro poderes amplios para negociar acuerdos petroleros en nombre de PDVSA, la petrolera estatal, sin aprobación del Congreso. Con esas facultades, el Gobierno de Maduro goza ahora de autonomía para vender participaciones en los yacimientos petrolíferos de Venezuela, que contienen las mayores reservas del mundo, o realizar joint ventures con empresas extranjeras. Este beneficio era, según muchos analistas, la principal la razón por la cual Maduro miró con buenos ojos la decisión original del Tribunal.

Los Estados Parte del Mercosur, conscientes de la gravedad de la situación y de la relevancia de la democracia como principio rector de la organización, buscaron en el pasado reciente una salida indirecta, al suspender el ejercicio de los derechos de Venezuela inherentes a su condición de Estado Parte por su incumplimiento de las obligaciones asumidas al incorporarse al bloque. Sin embargo, ante la magnitud de los últimos acontecimientos, se vieron obligados a reunirse de manera extraordinaria en Buenos Aires el pasado 1 de abril para considerar los últimos sucesos. Allí, “teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, decidieron instar a ese Gobierno a adoptar inmediatamente medidas concretas para asegurar la efectiva separación de poderes, debilitada desde hace tiempo y nuevamente puesta en duda con la última decisión del Tribunal. Asimismo, exhortaron al Gobierno de Venezuela a respetar el cronograma electoral, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos.

Por su parte, en el marco del debate abierto en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a instancias de su secretario regional, Luis Almagro, se viene considerando la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Sin embargo, los estados miembro no han sido capaces de alcanzar un consenso para aplicar los preceptos de la denominada Carta Democrática. El 3 de abril de 2017, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una declaración sobre la situación en Venezuela, luego de un confuso episodio, ya que la Presidencia del Consejo Permanente que recaía en Bolivia había decidido suspender la reunión de motu proprio. Ello obligó a trece Estados a intensificar gestiones para lograr designar a Honduras en la dirección de los debates. Luego de una discusión en el que los delegados de Bolivia, Nicaragua y Venezuela cuestionaron la regularidad de la reunión, exigiendo que Honduras devolviese la conducción del debate a Bolivia, y la posterior retirada de los delegados de Bolivia y Venezuela, el texto de la resolución que fue presentado por catorce Estados fue adoptado por consenso. Los delegados de Bahamas, Belize, El Salvador y República Dominicana se abstuvieron y pidieron que así constara en el texto adoptado. Esto exhibe claramente las dificultades internas que enfrenta la organización regional al momento de tener que aplicar su propia normativa.

La “Resolución sobre los sucesos recientes en Venezuela”  declara que “las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático”. Por ello, resuelve  “urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, “apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático”, “seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión de nivel ministerial”.

Tanto la declaración del Mercosur como la resolución del Consejo Permanente de la OEA fueron recibidas negativamente por el Gobierno venezolano, que acusó a los Estados promotores de estas iniciativas de promover una política injerencista sobre los asuntos internos de la República Bolivariana.

Los últimos sesenta años han sido testigos de la creciente relevancia de diversos instrumentos en materia de derechos humanos que permiten observar una clara evolución tendiente a establecer límites a la concepción tradicional de soberanía territorial ante situaciones que implican violaciones de los derechos humanos. La evolución en la interpretación y aplicación de estos conceptos ha llevado a una flexibilización del principio de no intervención, mientras que paralelamente la protección de los derechos humanos ha cobrado mayor fuerza. Consecuentemente, el concepto de soberanía lejos de ser considerado absoluto ha ido erosionándose para dar cabida a la acción de la comunidad internacional en casos en los que se producen delitos de lesa humanidad. La soberanía más que un derecho absoluto es una noción instrumental y contingente, cuya validez depende de que sea una herramienta del Estado al servicio de los intereses de la población y no un escudo frente a la potencial acción de la comunidad internacional en defensa de los derechos de esa población.

Conviene recordar que el final de la Guerra Fría trajo aparejadas nuevas tendencias que ponen de relieve la emergencia de una práctica estatal regional latinoamericana consistente en la imposición de cláusulas democráticas. El Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la Republica de Bolivia y la Republica de Chile regula las relaciones entre los Estados Miembros y asociados del Mercosur y establece un procedimiento que los gobiernos han de seguir en caso de ruptura del orden democrático en alguno de estos países. De ser el caso, los demás gobiernos tienen que promover consultas pertinentes con el Estado afectado. Si las negociaciones resultan infructuosas, el Protocolo exige a los gobiernos que consideren la aplicación de otras medidas, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente, la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, o la suspensión de derechos y obligaciones que emerjan de estos procesos.

Hasta el momento, los Estados signatarios del Tratado de Asunción (TA) se han mostrado renuentes a aplicar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia en el caso venezolano. La OEA, como se señalara, enfrenta sus propias dificultades.

Más allá de los incumplimientos jurídicos de Venezuela con los compromisos asumidos al adherirse al Mercosur, si los Estados signatarios del TA o los Estados Miembros de la OEA consideran que en Venezuela no se respetan los principios y valores del sistema democrático, deberían aplicar sin más demora las disposiciones del Protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática y expulsar o suspender a la República Bolivariana de su seno.

Tanto el Mercosur como la OEA han actuado de manera contradictoria frente a situaciones que afectaban los derechos humanos. El Mercosur tuvo un comportamiento ejemplar frente al intento de derrocamiento del presidente de Bolivia (2008); y de condena a los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2012). Sin embargo, no exhibió una actitud coherente ante a las claras violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Resulta necesario reducir al máximo posible el doble estándar y reafirmar que la democracia y los derechos humanos son principios rectores del bloque, cuya violación no será aceptada sin importar el signo ideológico del gobierno en cuestión. Lo otro es seguir procrastinando la democracia.

El autor es profesor de Derecho Internacional Público (UBA).